La Fiscalía de Cádiz ha denunciado a 11 personas, entre ellas un alto funcionario, por un presunto delito de malversación de fondos públicos, que deberían de haberse dedicado a obras de reforma en colegios de la provincia gaditana y que nunca llegaron a ejecutarse.
Una investigación de la Agencia Tributaria ha destapado la presunta trama en la que el principal implicado es el ex gerente del ente público de Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE) Fernando Ameyugo Catalán, que podría ser responsable de la malversación de más de 3,6 millones de euros de las arcas públicas.
La fiscal jefe de Cádiz, Ángeles Ayuso, ha confirmado a ELMUNDO.es que "esta misma semana y la siguiente" comenzarán a prestar declaración los denunciados, además de atribuir todo el mérito a los efectivos de la Agencia Tributaria. Durante una inspección fiscal de distintas empresas de construcción, hasta 18 hay implicadas, los funcionarios comprobaron que las facturaciones no cuadraban y que, además, muchas de estas sociedades no contaban con la infraestructura necesaria para realizar los trabajos.
La propia Ayuso ha declarado que "era un poco insólito que algunas de estas empresas recibieran adjudicaciones para unas obras que no podían realizar, porque no tenían ni personal". Efectivamente, las obras, de reforma y reparación, nunca llegaron a realizarse en los centros educativos, aunque sí fueron abonadas por parte del ISE.
lavozdigital.es
LOS DENUNCIADOS
Fernando Ameyugo Catalán. Exgerente provincial del ISE en Cádiz. Firmó todos los contratos de obra que están bajo sospecha. Fue destituido discretamente el año pasado, cuando la investigación fiscal estaba en curso.
Encarnación F. S. y Pedro G. P. Son matrimonio y responsables de Contratas y Mantenimientos Pacheco S. L., la adjudicataria de las obras. Ella consta como administradora única y él tiene plenos poderes sobre la sociedad.
Encarnación, Sonia y Pedro Luis G. P. Hijos del matrimonio. Han sido denunciados también como cómplices de la malversación, al tener supuestamente acceso a partidas de los fondos.
Miguel R. O. Supuestamente su empresa realizó trabajos de albañilería por 367.082 euros en diversos centros, pese a que carece, según el fisco, de personal para realizarlos.
Mármoles y Granitos Sánchez Caro S. L. Supuestamente le vendió a la adjudicataria una gran cantidad de mármol que no consta adónde fue destinado. No hay justificantes del pago de las operaciones.
Alrepi S. L. U. Facturó por la compra de materiales de electricidad, fontanería, albañilería y pintura, pero la Agencia Tributaria sostiene que esta sociedad no es fabricante de ese tipo de elementos. Ha sido denunciada, además, por un empresario que aparece en algunas facturas como suministrador de material y él niega esas operaciones.
Juan Antonio G. S. Aparece como suministrador de materiales pero aporta, según las diligencias, facturas totalmente ilegibles y dice carecer de los justificantes de pago.
David C. J. La adjudicataria supuestamente le adquirió, entre otros materiales, 99 inodoros, 33 aparatos de aire acondicionado y miles de metro de cobre. No hay justificantes del pago.
M. y A. Reformas S.C. Tiene el mismo domicilio social que la sociedad de Miguel R. O., en Madrid. Realizó supuestamente trabajos subcontratados de saneamiento y adecuación de espacios. Tampoco hay justificantes del pago.
Persianas Puertas García S. L. Las facturas que emitió no especifica en qué colegios trabajó y qué tipo de labores se ejecutaron.
Elisa C. J. Facturó por la venta a la adjudicataria de un volumen excesivo de materiales de construcción, según la denuncia, incompatible con el tamaño real de la empresa.
Carlos S. O. Supuestamente ejecutó trabajos de albañilería. Comparte el mismo domicilio social, en Madrid, que otras dos sociedades, aparentemente distintas.
Agrotheda Algaida S. L. L. Supuestamente ejecutó trabajos por valor de 291.000 euros en 2007, pero las facturas que emitió no coinciden con el volumen que facturó la adjudicataria al ISE.
Sanlúcar Gestión S. L. L. Realizó trabajos genéricos de albañilería pero sin especificar cuáles. En este caso sí se indican en las facturas los centros educativos. No coincide lo facturado por la adjudicataria al ISE con los trabajos presuntamente realizados como subcontrata.
Construcciones Carlunsa S. L. Emitió facturas por la venta a la adjudicataria de material de fontanería, pese a que es una sociedad que ni fabrica ni adquirió materiales de ese tipo. Como socio administrador aparece la misma persona que ejerce como tal en otra de las sociedades investigadas.
Revestiobras Sanlúcar S. L. U. Aportó varias facturas por trabajos realizados, sin especificar de qué tipo, fechadas antes de la formalización de los contratos de obras.
Dambula Inversiones S. L. Facturó por trabajos sin especificar en colegios. El fisco detectó que sólo tiene un empleado, que es el administrador-dueño de otras dos sociedades investigadas.
Sociedad Andaluza del Frío y la Climatización S. L. Facturó más de 152.000 euros en equipos de refrigeración que no estaban contemplados en las obras contratados con el ente ISE.
Mareotis S. L. Supuestamente vendió materiales de construcción. Solo tiene un empleado, el mismo que aparece como administrador de otras empresas. La Agencia Tributaria sospecha que ni produjo ni vendió esos materiales.
Rafer Construcciones S. L. Facturó trabajos en centros educativos sin especificar dónde ni qué tipo de reformas realizó. La persona autorizada para acceder a sus cuentas aparece en otras sociedades de la supuesta trama.
Francisca M. G. Su empresa facturó por la venta e instalación de seis cocinas completas. Se desconoce qué colegios recibieron esos equipamientos.
Mantenimientos y Reformas F. S. Supuestamente colocó canastas de baloncesto. No se sabe dónde fueron a parar.
José Manuel R. F. Facturó por trabajos de carpintería en 2008, cuando su empresa carecía de empleados y se dio de baja de esa actividad ese mismo año.
Otras. El listado de sociedades que están siendo investigadas lo cierran Tejar la Dinamita S. L. y la firma de Jesús S. D. Ésta última sólo tiene acreditado para el fisco trabajos por valor de 35.000 euros, pero facturó por 164.200 euros.
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